¿Qué pasa si te compras una casa y a los pocos años descubres, denuncia de por medio, que era ilegal? Muchas veces porque está construida en terreno rústico (no urbanizable), porque está más cerca del mar de lo permitido actualmente (en contra de la Ley de Costas), o porque les estafaron. Aunque muchas otras veces sabían perfectamente cuando la compraron o la construyeron que estaba cometiendo una ilegalidad y es ahora, después de algunos años cuando empiezan a padecer las consecuencias de ser ilegal: No pueden inscribir en el Registro, no tienen los servicios básicos en condiciones (agua, luz, alcantarillado, recogida de basura...).
Según los datos manejados por el equipo de "Comando Actualidad", casos como éstos se cuentan por cientos de miles en toda España. Sólo en Andalucía hay más de trescientos mil.
Es un tema sangrante que supone una lamentable y penosa imagen del urbanismo en España, afectando al mercado inmobiliario internacional en los más que conocidos casos Valencia, Canarias (Lanzarote) y Andalucía, donde la realidad de los hechos supera con creces la ficción, ¿hasta cuándo? ¿cuál es el límite? y ¿por qué nunca tiene consecuencias a todos los niveles?.
¿Qué hacen nuestros legisladores y nuestras Administraciones?
Muchas son las legislaciones que intentan paliar esta realidad, sin mucho éxito, hace unas semanas publicábamos un artículo donde exponíamos los intentos legislativos por proteger y evitar la producción de daños y perjuicios económicos al adquirente de buena fe de fincas o construcciones ilegales, no obstante, esta voluntad legislativa ha encontrado un más que considerable obstáculo en la jurisprudencia mayoritaria que venía y viene distinguiendo entre la buena fe extra registral y la protección al tercer adquirente de buena fe.
Todo ello no hace sino enredar más la cuestión y ser un caldo de cultivo de trepas, chupópteros y mercenarios del urbanismo, que aprovechándose de las luces y sombras del sistema y de la "enorme" debilidad de las administraciones en el ejercicio de sus competencias en materia de disciplina urbanística (inspección, control, sanción y restablecimiento), máxime si nos detenemos en el "trato de favor" que la propia Administración hace a este tipo de situaciones al objeto de tapar su propia incompetencia y esquivar cualquier atisbo de responsabilidad, incluso desde la Legislación Estatal.
Hemos de recordar otro artículo publicado hace más de 3 años en el que explicábamos como una casa ilegal disconforme con el planeamiento no implica, necesariamente, el derribo o demolición; sino, más bien, mantener el statu quo y permitir su uso y disfrute, tal y como ya explicamos en este artículo, incluso nos podemos empadronar, eso sí, con dos grandes limitaciones, según el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (BOE del 26), por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo (LS 2008), que no son tan grandes en la práctica y que compensan con creces el riesgo soportado durante los años en los que el Ayuntamiento de turno pudo actuar y no lo hizo porque, o bien no tiene medios o bien no quiso, estas limitaciones son:
Que la vida del inmueble queda limitada, al no permitirse obras de consolidación y, por supuesto, de rehabilitación del inmueble.
El uso del inmueble sufre importantes limitaciones, con los que la rentabilidad del inmueble debe verse gravemente afectada.
Es decir, que primero la Administración Municipal y Autonómica es tan incompetente que permite que se ejecuten urbanizaciones enteras de viviendas como es el caso de la foto que vemos arriba a la izquierda (Urbanización ilegal en Cantabria de 621 viviendas) y luego para evitarnos problemas y responsabilidades, gracias a nuestra maravillosa legislación Estatal y Autonómica "pro-vida de la construcción ilegal" (hemos de recordar el famoso Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía que permitió regularizar miles de edificaciones en Suelo No Urbanizable, con la excusa de darle a los pobres propietarios un “reconocimiento jurídico” a entre 300.000 y 350.000 viviendas aisladas, ya que “Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas”). Con esta legislación se permite la consolidación de derechos sin distinguir si los ocupantes son adquirentes estafados, auto promotores perfectamente conocedores de la situación o terceros de buena fe, estableciendo tan sólo unas limitaciones que suenan a broma pesada, como son, que no se puedan hacer más obras y que su uso debe limitarse al fin para el cual se construyó.....en fin....un urbanismo de "chascarrillo y pandereta".
Algunos ejemplos de los miles que hay en que el ladrillo lo puede todo y contra todos
Si bien ya desde pequeños nos enseñan a jugar a "piedra, papel o tijera", no debe resultarnos extraño que el ladrillo seca capaz de vencer en todos los enfrentamientos contra el papel de nuestras Legislaciones y de nuestras Sentencias, a modo de ejemplo:
El complejo turístico Marina de Valdecañas (en Cáceres) es ilegal
El 6 de febrero, el Tribunal Supremo confirmó que el complejo turístico Marina de Valdecañas (en Cáceres) es ilegal. La sentencia llega tras ocho años de vericuetos judiciales y con buena parte de las edificaciones levantadas en una isla que cuenta con tres figuras legales de protección medioambiental.
Pero bueno, todo queda justificado porque las cosas se hacen en unos añitos de nada y a escondidas....en fin, desde que se anuncian los proyectos hasta que los jueces firman las sentencias, la política de hechos consumados arrasa con el patrimonio natural, en este caso no funcionaron ni las denuncias, ni la solicitud de medidas cautelares, ni las órdenes de paralización, ni el sistema en general, el daño al patrimonio natural ay está hecho y es imposible repararlo.
395 viviendas en las laderas del monte La Picota, junto al Parque Natural de las Dunas de Liencres
El Ayuntamiento aprobó el plan para construir 395 viviendas en las laderas del monte La Picota, junto al Parque Natural de las Dunas de Liencres.
Tras varios años de lucha en los tribunales, los jueces cántabros calificaban el plan de "dentellada al monte" y de "ruptura de armonía del paisaje que no ha hecho sino contribuir a su degradación". "La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota y las forzadas soluciones para poder implantar 395 viviendas" eran, según el TSJC, "una clara vulneración de la Ley del suelo".
Pero otra vez tenemos que lamentarnos de que ninguna de las herramientas, previstas para la prevención y suspensión de las actuaciones irregulares, funcionaron, con lo que una vez hecho el daño a tan gran escala, resulta imposible su reparación.
Fomento estudia una amnistía para miles de viviendas ilegales
Este más que un ejemplo es una política o modo de vida "made in Spain", con este titular en "El País" nos despertábamos una mañana de 2012, donde se nos cuenta que el Ministerio de Fomento estudiaba una amnistía que, de aprobarse así, afectaría a decenas de miles de viviendas ilegales.
Se trataba de eludir la demolición en edificaciones con sentencia firme en contra, siempre que haya un tercero de buena fe ocupando el inmueble. Lo cual afectaría a decenas de miles de edificaciones (imposible saber el número) por toda España, pero principalmente en el litoral: Marbella (ejemplo de la fotografía), la costa cántabra, la Axarquía de Málaga, Almería... Fuentes del ministerio afirman que se trata solo de un “documento técnico sin respaldo político abierto a sugerencias”.
Excelente documental emitido por RTVE, en "Comando Actualidad"
Os dejamos con el excelente documental elaborado por RTVE, en "Comando Actualidad", un trabajo excepcional, elaborado en un lenguaje cercano y accesible que permite al ciudadano medio comprender perfectamente la "GRAN ESTAFA" del urbanismo y cómo las Administraciones Públicas miran para otro lado:
