Congelar los fondos estructurales para España si no se resuelven los abusos urbanísticos

  Las duras críticas que contiene el informe hacia el urbanismo en España salieron adelante pese a que los eurodiputados del PSOE y del PP habían presentado enmiendas coincidentes para suavizar su contenido y suprimir parte de las denuncias.

   La mayoría de estas enmiendas fueron rechazadas porque no contaron con el respaldo de sus colegas conservadores y socialistas europeos, que apoyaron el texto original, elaborado por la eurodiputada verde Margrete Auken, e incluso lo endurecieron.

   El informe todavía debe ser votado por el pleno de la Eurocámara, que está previsto que se pronuncie el próximo 26 de marzo. Los socialistas y los populares españoles anunciaron que presentarán una resolución alternativa.

   Si sale adelante el texto aprobado este miércoles, será la tercera vez que el Parlamento Europeo respalde un informe que censura los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. En las dos ocasiones anteriores, los socialistas españoles votaron a favor, pero esta vez han cambiado de postura y se han acercado a las tesis defendidas por el PP.

   En todo caso, la eurodiputada socialista Maruja Sornosa dijo que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es el mayor responsable del informe porque no ha ajustado la Ley Urbanística Valencia a las exigencias de la normativa comunitaria pese a las peticiones de la Eurocámara y la denuncia interpuesta por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

   El primer informe del Parlamento sobre el urbanismo en España se centraba en la Comunidad Valenciana, mientras que en el aprobado este miércoles se generalizan las críticas al resto del país.

   'Si desde el Gobierno del señor Camps se hubiesen hecho las cosas de forma adecuada, en este momento no estaríamos con una mala imagen', afirmó Sornosa, que volvió a reclamar un pacto en la Comunidad Valenciana sobre urbanismo. Indicó en todo caso que el informe del Parlamento 'no tiene ninguna validez' y ha salido adelante sólo porque da argumentos a los eurodiputados británicos y alemanes de cara a las elecciones europeas de junio.

   En contraste con esta postura, el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo criticó al Gobierno central por no haber comparecido ante la Eurocámara para 'defender el buen nombre de su país', tal y como pidió el PP. También censuró a los socialistas españoles por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España y les acusó de 'rectificar tarde'.

   A su juicio, el informe 'es un cañonazo en la línea de flotación de lo que es la salida de la crisis' porque transmite una imagen de España 'absolutamente falsa y extraordinariamente dañina para los intereses de las empresas y los trabajadores españoles' al afirmar que el derecho de propiedad no está protegido.

   La ponente del informe señaló que su aprobación constituye una 'gran victoria' para los denunciantes, y subrayó que la mayoría de ellos son españoles. Auken dijo que espera que el Gobierno español 'se lo tome en serio' y recordó que pueden 'pedir una congelación de los fondos (europeos) si es necesario'.

   Su compañero de grupo, David Hammerstein, destacó que 'el Partido Socialista y el Partido Popular españoles se han quedado aislados, marginados'. 'Sus argumentos no convencen a nadie porque hay miles y miles de ciudadanos españoles y europeos que han visto los abusos urbanísticos', remachó.

   Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, afirmó que el informe representa un 'tirón de orejas muy fuerte a todas las administraciones del Estado'. Y va 'al centro del problema', que, en su opinión, ha sido 'la apuesta por un crecimiento económico totalmente salvaje que ha situado a España en estos momentos de la crisis en el peor estado para poder salir adelante'.

   El informe denuncia que 'todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas'.

   Los eurodiputados expresan en particular su 'preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria'. También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

   La resolución indica que la falta de 'claridad, precisión y seguridad jurídica' en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la 'laxitud' en los procedimientos judiciales, 'ha generado una forma de corrupción endémica'.

   El informe critica además que las autoridades judiciales españolas 'no están debidamente preparadas' para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que 'las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos'.

   'Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española', prosigue el texto.

   Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara 'pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador'.

   También se insta a revisar 'urgentemente' y a modificar la Ley de Costas 'a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero'.

Los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para 'agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor'.

   El Parlamento asegura que 'las personas que hayan adquirido de buena fe una propiedad en España que haya sido declarada ilegal deberían tener derecho a obtener una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles'.