El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado al Ayuntamiento de Albox (Almería) a indemnizar, a cuatro familias de origen británico que en el año 2004 adquirieron viviendas unifamiliares construidas sobre suelo no urbanizable en la urbanización ‘Las Palmeras’. Lo considera responsable civil subsidiario por los daños morales causados a estas familias que han pasado "diez años de espera e incertidumbre sobre el destino de su casa y el consecuente sufrimiento” y que después de que la obra quedase paralizada, tuvieron que vivir de alquiler hasta que regresaron ...

El pasado viernes 6 de septiembre, el Consejo de Ministros, llevó a cabo la reforma de la Ley Concursal con el objetivo de solventar la actual situación de quiebra en la que se encuentran nueve autopistas de la red nacional de carreteras. Dicha reforma consistió en la introducción de una nueva Disposición Adicional, en la que se establece la posibilidad de acordar “la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser presentadas las propu...

Así lo considera el Tribunal Supremo, obligando a la Junta de Andalucía, a indemnizar a un particular cuyos terrenos fueron ocupados por la realización de trabajos arqueológicos. Así mismo se establece una indemnización complementaria con carácter de premio, al descubridor de los restos arqueológicos y propietario de los terrenos en que fueron descubiertos. Los hechos se remontan a 1995 cuando, como consta acreditado en la sentencia citada al final, el actor inició las obras de cimentación de una cochera ubicada en terrenos de su propiedad, en suelo urbano. Como consecuencia de los movimientos necesarios de tierra para realizar la cimentación, se pro...

La sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de mayo, ha producido un gran movimiento y presión social que han obligado a que el propio Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, realice una consulta ante la Secretaría de Estado de Hacienda para preguntar las medidas que se van a adoptar y cómo se va a proceder para conciliar la doctrina establecida por el Tribunal Supremo con los actuales métodos y sistemas de valoración a los efectos del pago del impuesto de bienes inmuebles. La Defensora del Pueblo se interesa sobre la necesidad de que se adapten los datos y valores catastrales del suelo calificado como urbano no desarrollado, ya que en congruencia con dicha Sentenc...

La Junta de Andalucía recorta una fuente de ingresos importantísima que podría terminar con el déficit de muchos Ayuntamientos y todo ello en beneficio de Grupos y Entidades Financieras y de Inversión Privadas propietarios y promotores de Parques Eólicos, Fotovoltaicos y de Energías Renovables en general, en una política lesiva para los intereses municipales y en defensa de intereses privados, se aprueba el Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, (BOJA 82 de 30/04/2014), el cual modifica expresamente la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía...

Cuestión de inconstitucionalidad 2965-2014 contra la Ley del Suelo por vulnerar el art. 33.3 de la CE al establecer un sistema de valoración para los suelos urbanizables y urbanos no consolidados donde el valor de los mismos se equipara al suelo rural. Se añade una nueva cuestión de inconstitucionalidad la 2965-2014, admitida a trámite el 15 de julio, a la ya existente número 1591-2014 que se admitió en mayo de 2014 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha, todo ello en relación con los arts. 22.1.a) y 2 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y 23.1.a) y 2 del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio...

Con la privatización el ciudadano tendrá que pagar por un servicio hasta ahora gratuito, puesto que, hasta hoy, los registros civiles se financian, vía impuestos, desde los Presupuestos Generales del Estado. Los costes de gestión y funcionamiento, en manos de los registradores mercantiles, lo tendrán que pagar los ciudadanos si el Gobierno lo decide, con esta medida se privatiza un servicio público, poniendo en las manos de una Corporación de Registradores Mercantiles millones de datos personales y privados de todos los españoles, que hasta ahora cuentan con el control del Estado. Es necesario no olvidar que los registradores actúan como empresas organizadas, que pueden contratar o despedir a sus empleados, que no son funcionarios. El Gobierno pretende que esta plataforma la fi...

Se impone una sanción por instalar una mobile-home en zona de dominio público marítimo (cerca de la playa) sin contar con la preceptiva autorización administrativa al entender que la misma no era necesaria, conducta que viene tipificada como infracción grave por el art. 91.2 g) de la Ley 22/88, de 28 de julio, donde se sanciona la utilización de la zona del dominio público marítimo terrestre y de sus zonas de servicios para los usos no permitidos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 21 Jun. 2011 confirma dicha sanción que impone la Resolución de 22 de febrero de 2008 de la Jefa de demarcación de costas de Valencia...

“Vamos a llegar hasta donde haga falta”, con estas palabras el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés ha demostrado su desacuerdo contra la decisión de el Tribunal Supremo al haber desestimado este, los siete recursos planteados por diversas administraciones, colectivos y partidos políticos contra el decreto del Gobierno central de marzo de 2012 que autorizaba las prospecciones petrolíferas en aguas del archipiélago canario. En la práctica, esta decisión da luz verde al inicio de los sondeos, que ya cuentan con una declaración de impacto ambiental favorable. El Supremo notificará en los próximos días el rechazo a los recursos presentados por los cabildos de Lanzarote y Fuert...

El Gobierno dará luz verde a los proyectos de ley sobre reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro Inmobiliario, que cambiará la especial situación de la Iglesia Católica y que supondrá un enorme recorte para la Administración y un mayor coste para los propietarios que quieran defender o regularizar sus propiedades. La Iglesia Católica deberá inscribir sus bienes por el procedimiento general común para toda la sociedad En lo que se refiere al a Iglesia Católica y al sistema de inmatriculación de bienes, al homogeneizar los requisitos, de manera que esta institución pasará a equipararse al resto de la sociedad y las inscripciones de su propiedad se trasladan al procedimiento normal de inmatriculación.  Por diversas razones históri...